Un cambio radical por la seguridad

Nuestra Constitución, en su artículo 17, reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Son derechos fundamentales.

Y no es casual que nuestra Carta Magna recoja en el mismo artículo los dos derechos, libertad y seguridad. Pues, no existe la libertad sin seguridad.

En los últimos años, asistimos al crecimiento de la inseguridad ciudadana y al avance de la criminalidad. Es una cuestión objetiva que se apoya en evidencias empíricas y datos concretos, pese a toda la maquinaria política propagandística para ocultar tal realidad y para esconder entre estadísticas trucadas y manipuladas tal cuestión.

Y también existe un claro incremento de inseguridad subjetiva, esto es, del desasosiego y sentimiento de inseguridad que tiene una gran mayoría de ciudadanos.

Los asesinatos, homicidios, reyertas y demás delitos violentos, las agresiones sexuales, los robos con fuerza en naves industriales y domicilios, los robos con violencia o intimidación, las ocupaciones ilegales de domicilios, las estafas on-line, etc… crecen. Hemos importado formas criminales, perfiles y delitos que hace unos años eran impensables en España.

Las mujeres nunca se han sentido más vulnerables, más indefensas y en peligro que ahora. Lo que parece un contrasentido cuando desde el Gobierno se presume de ser el más feminista y se dedican ingentes cantidades de dinero para supuestamente protegerlas de toda violencia.  Si bien, la verdad es que lo que se protegen son discursos ideológicos de un feminismo radical e ideología de género que a pocas representa y el mantenimiento de redes clientelares, estructuras políticas e intereses espurios. Hay quien ha hecho de un drama, un negocio…

Desde luego, en nada ayuda a la seguridad de las mujeres dictar leyes que ponen en libertad o rebajan las penas a violadores y agresores sexuales. Y tampoco ayuda a que las mujeres estén a salvo el hecho de no controlar nuestras fronteras y permitir la entrada masiva de una inmigración ilegal masiva y descontrolada de hombres que provienen de culturas incompatibles con la nuestra, que no respetan la dignidad, la libertad y la indemnidad sexual de las mujeres.

Resulta evidente que hay una crisis de autoridad. Y donde no está la autoridad, el orden y la ley, estará el caos, la criminalidad y la autoridad de mafias y delincuencia organizada.

La policía y demás fuerzas y cuerpos de seguridad han sido debilitados desde los poderes públicos. Se ha mermado gravemente el principio de autoridad que debe presidir su actuación. No se permite el uso de la fuerza o la violencia legítimas por parte de los agentes. Su obrar está generalmente fiscalizado y cuestionado por los medios de información, por una parte de la sociedad adoctrinada o por sus propios mandos, que son eminentemente cargos políticos dependientes de quienes les auparon al puesto, y fácilmente pueden acabar sentados en un banquillo ante un Juez, imputados o, al menos, con un expediente sancionador de asuntos internos.

La sensación de impunidad de los delincuentes es notoria y muy preocupante. La presencia policial apenas disuade. Las penas no desmotivan al delincuente suficientemente.

Tenemos personas en la calle haciendo de la delincuencia su modo de vida, con decenas de antecedentes policiales y antecedentes penales, e incluso con órdenes de expulsión que no acaban de materializarse nunca. Saben que pueden seguir viviendo del delito, y en el caso de que algún día entren en prisión, será por poco tiempo y en unas condiciones de “confort” asumibles (tres comidas diarias, sanidad y atención médica, trato correcto, seguridad…) que no desmotivan para seguir delinquiendo, y, menos aún, si provienen de países donde las cárceles sí son un infierno, y la justicia y la policía son muy duros con los delincuentes.

Los barrios se degradan a marchas forzadas, las fronteras son cruzadas y violentadas sin ningún control ni resistencia, el Código Penal, la policía y la Justicia ya no disuaden al delincuente… Nuestra libertad y nuestra seguridad están en peligro.

El mundo rural se encuentra especialmente desprotegido por la falta de efectivos y medios, y porque la organización, estructuras y planificación de la seguridad obedece a modelos obsoletos, siendo precisa su urgente actualización buscando modelos de seguridad más efectivos y adaptados a la realidad presente.

Frente a tan duro y descarnado diagnóstico, necesitamos cambiar esta deriva que nos lleva al abismo, y para ello empezar por:

• Devolver y reforzar el principio de autoridad para nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Que nuestros agentes se sientan respaldados en su lucha contra la delincuencia y criminalidad por los poderes públicos y por la sociedad. Más política criminal y ciencia policial al servicio de la sociedad, y menos politiqueo y dedicarse a defender discursos y poltronas políticas.
• Endurecer la respuesta penal y judicial para disuadir a los delincuentes y criminales. Acabar con la sensación de impunidad.
• Reforzar jurídica y políticamente la posibilidad de ejercer con garantías la legítima defensa frente a la delincuencia para proteger la propia vida, la de terceros y la propiedad.
• Actualizar los modelos, estructuras y la organización de la seguridad, tanto en ciudad como en el medio rural, para hacerla más efectiva y adaptada a las nuevas realidades.
• Defender nuestras fronteras, controlar quién entra, si tiene antecedentes o perfil yihadista, y deportar masivamente a todo inmigrante ilegal, empezando por aquellos que han cometido delitos en nuestro país.

Nuestra esperanza necesita políticas de cambio radical y políticos dispuestos a asumir el coste que conllevarán.  Al final, la sociedad sabrá valorarlo.